23 octubre 2025
Desde Provivienda valoramos muy positivamente la ambición y el enfoque integral del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que orienta la acción pública en materia de vivienda y las actuaciones de las administraciones competentes hacia la ampliación del parque de vivienda asequible, la rehabilitación y el acceso al alquiler para personas vulnerables.
Resulta especialmente positiva la consolidación y el fortalecimiento de mecanismos ya introducidos en el Plan anterior 2022-2025, en el que se reconoce a las entidades sociales proveedoras de vivienda sin ánimo de lucro como actores colaboradores clave en la ampliación del parque de vivienda en alquiler asequible.
Se reconoce el esfuerzo dirigido a mejorar el problema desde una lógica estructural: ampliando el parque de vivienda asequible y social a través de la mejora de la financiación y de sus procedimientos. Además, resulta también muy valorable que el foco del plan se oriente, también, a mejorar la asequibilidad y la calidad de la vivienda, poniendo el foco en la ciudad consolidada, y generando mecanismos de movilización del parque existente hacia su asequibilidad y adecuación: financiar compra de vivienda de parque existente para su alquiler asequible y social, fomentar la rehabilitación y mejora urbana, o promover mecanismos de movilización de vivienda vacía e intermediación en el alquiler. 
Sin embargo, proponemos una serie de propuestas orientadas principalmente a reforzar el papel de las entidades sociales proveedoras de vivienda y a garantizar que las ayudas y líneas del Plan se dirijan prioritariamente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, para mejorar su función redistributiva.
Proponemos también limitar los multiplicadores del IPREM en la mayoría de los apartados relativos a las personas beneficiarias, manteniéndolos en los niveles establecidos en el plan anterior, dado que estaban funcionando adecuadamente. Esta medida, además, permite focalizar las medidas y ajustarlas a políticas de equidad, teniendo en cuenta que el IPREM se actualiza anualmente.
En conjunto, estas aportaciones buscan contribuir a que el Plan Estatal de Vivienda no solo sea ambicioso en su enunciado, sino también transformador y redistributivo en su implementación práctica, asegurando que el derecho a una vivienda digna y asequible sea una realidad para el mayor número de personas posible, especialmente para aquellas que más lo necesitan.
Capítulo I: Disposiciones Generales – Sentando las bases de un Plan más social
Sugerimos modificar la redacción para incluir expresamente no solo la «vivienda pública», sino también la «vivienda protegida y asequible incentivada», facilitando así la labor de las entidades sociales. Se enfatiza que el derecho a una «vivienda digna y adecuada» debe ir inevitablemente acompañado de «precios asequibles», para evitar que las mejoras en la calidad repercutan en alquileres inalcanzables.
Una de las propuestas presupuestarias más relevantes es la de destinar de forma obligatoria un 5% de los fondos de la línea de oferta de vivienda social a la adquisición de vivienda por parte de entidades sociales, y un 20% de la línea de ayudas al pago para colectivos en máxima vulnerabilidad. Esto asegura recursos específicos para actores y programas de probada eficacia.
Proponemos también definir con claridad a las «entidades sociales proveedoras de vivienda«: Provivienda aboga por utilizar este término de manera consistente y proponemos una lista de criterios objetivos y verificables (como auditorías de solvencia, sistemas de gobernanza democrática y protección reforzada para el inquilino) para acreditar a estas entidades, lo que aporta seguridad jurídica y garantiza su profesionalidad.
Capítulo II: Incrementar la oferta de vivienda – Hacerla práctica y accesible
Las propuestas en este capítulo buscan hacer los programas de creación de oferta más prácticos y sociales. Se plantea que el periodo mínimo de 50 años de alquiler asequible se compute desde la fecha del primer contrato, y no desde la compra, teniendo en cuenta las demoras en los trámites y asegurando una protección real. Se sugiere incentivar con mayor subvención la adquisición de viviendas para personas que lleven más de seis meses en recursos de emergencia, buscando ofrecer salidas estables a situaciones crónicas.
Una propuesta crucial y recurrente es la reducción de los umbrales de ingresos basados en el IPREM. Donde el plan propone un límite de 5 veces el IPREM, abogamos por bajarlo a 3, con el objetivo de que para que el Plan sea verdaderamente redistributivo debe focalizarse en quienes tienen mayores dificultades. También se propone vincular el precio máximo de alquiler al valor inferior de la horquilla del sistema estatal de referencia, generando precios más ajustados a la realidad de cada territorio, y se sugieren aumentos en las ayudas para obras de adecuación, reconociendo los altos costes actuales.
Capítulo III: Rehabilitación – Inclusión y agilidad
Las propuestas aquí se dirigen a que las ayudas a la rehabilitación incluyan a todos los actores relevantes y sean ágiles. Se pide que las entidades sociales proveedoras de vivienda puedan ser beneficiarias directas de las ayudas para la rehabilitación integral de edificios y de viviendas, ya que son gestoras activas de un parque residencial destinado a personas vulnerables. Asimismo, se introduce la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan conceder anticipos de estas ayudas cuando los beneficiarios se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, permitiéndoles afrontar el desembolso inicial de las obras. Para las viviendas vacías rehabilitadas, se propone ampliar el plazo de destino al alquiler social de 5 a 7 años, reforzando el compromiso de asequibilidad.
Capítulo IV: Ayudas directas – El enfoque en las personas
Este capítulo contiene propuestas de gran calado para dirigir el apoyo a quienes más lo necesitan. Se reitera la necesidad de reducir los umbrales de IPREM en todas las ayudas al alquiler (general, jóvenes y colectivos vulnerables) para concentrar el esfuerzo público. Se propone la supresión de las ayudas a la compra de vivienda para jóvenes en pequeños municipios, por considerar que subvencionar la propiedad no es equitativo y que los recursos deben destinarse íntegramente a políticas de alquiler asequible, de mayor retorno social.
Se pide actualizar los límites máximos de renta para las ayudas, ante la fuerte subida de los precios, y se introduce la posibilidad de abonar anticipos de las ayudas al alquiler para que las personas vulnerables no tengan que adelantar el pago. Finalmente, se busca ampliar la línea de avales para que cubra también a víctimas de discriminación en el acceso a la vivienda y a personas con ingresos muy bajos, reconociendo las barreras estructurales que enfrentan.
Capítulo V: Cooperación – Un espacio para la sociedad civil
Para mejorar la gobernanza y el diálogo, Provivienda propone la inclusión formal del Consejo Asesor de Vivienda como órgano de cooperación administrativa para impulsar la implementación territorial de las políticas públicas de vivienda. Este órgano reuniría al tercer sector, la academia, expertos y agentes sociales, con el fin de enriquecer la política de vivienda con visiones plurales y técnicas, y ayudar a una mejor adaptación de las medidas a las realidades territoriales.
