La vivienda desde el no lucro: hacia la regulación de las Housing Associations en España

La jornada fue inaugurada por Gema Gallardo, codirectora general de Provivienda, y por Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.  Ambas coincidieron en señalar la necesidad de otras formas de generar vivienda asequible desde una lógica social. Gema Gallardo destacó la necesidad de una regulación que dé seguridad jurídica y acceso a financiación, para poder escalar un modelo de provisión residencial social y realmente asequible para las familias. Un modelo que además ya está funcionado. Por su parte, Patricia Bezunartea definió la vivienda como el 5° Pilar del Estado de Bienestar, situándola en el centro de las dificultades que tienen las personas para poder dejar una situación de vulnerabilidad, así como la puerta para acceder a otros derechos.

La mesa de debate contó con la participación de personas expertas en materia de vivienda desde distintos sectores, dando lugar a una reflexión con propuestas concretas en torno a  los principales motivos por los que resulta necesario establecer una regulación específica para las Housing Associations en España, los elementos clave que debería contenery su encaje jurídico dentro del marco normativo actual. Asimismo, se expusieron las fórmulas que permitirían su implementación efectiva y coherente en los distintos niveles territoriales (estatal, autonómico y local). Participaron en el debate:

• Montserrat Pareja-Eastaway, profesora de la Universidad de Barcelona y codirectora de la Cátedra Barcelona de Estudios en Vivienda (CBEH).
• Eduardo González de Molina, profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid e investigador asociado en la UCL-IIPP.
• Manel Rodríguez, CEO de Grupo SALAS.
• Eduardo Gutiérrez, subdirector general de Provivienda.
• Andrea Jarabo (moderadora), responsable de Comunicación e Incidencia de Provivienda.

A continuación, recogemos algunas de las principales reflexiones y conclusiones de la jornada.

Montserrat Pareja-Eastaway comenzó la mesa de debate señalando que se requiere de un marco normativo adecuado que de legitimidad, acceso a instrumentos de financiación y a suelo, y convierta a las Hosuing Associations en un actor estructural del ecosistema, que les permita escalar y hacer frente al reto de la vivienda. Este marco estatal ha de ser flexible para que se adapte a la realidad territorial. Por último, resaltó la inversión de impacto social en vivienda como una vía para atraer dinero privado con propósito público, con iniciativas en las que se usa suelo público, inversión privada y la gestión de entidades sociales de las viviendas para pactar alquileres a precios asequibles.

Eduardo González de Molina miró hacia experiencias en otros países europeos para hablar de un marco legal que consolide el sector y que de seguridad para atraer capital y movilizar vivienda. Además, detalló todos los elementos clave que esa regulación debe contener: determinación del funcionamiento interno, cómo se van a estructurar, limitaciones para operar en el mercado acotando beneficios y reinvirtiéndolos en el sistema, el tipo de alquileres (precios y población a la que se dirige), transparencia y auditoría. Es decir, poner condiciones de funcionamiento para unirlos a unas ventajas adscritas: beneficios urbanísticos con reservas de suelo para el sector, derecho de tanteo y retracto en aquellas comunidades autónomas que lo reconozcan, exenciones fiscales (IVA, impuesto de sociedades o IBI), acceso a financiación y subvenciones directas.

Manel Rodríguez partió de la experiencia en Cataluña y abogó -por el momento- por una regulación o reconocimiento al estilo de la figura del promotor legal homologado. Así las entidades que operan en el sector estarán homologadas, incidiendo en que ha de ser de manera amplia para que puedan acoger a todos los actores implicados y que todos sean sociales: al promotor, el titular del edificio y los operadores profesionales del mercado del alquiler. Además, introdujo la propuesta de un derecho de tanteo sobre el suelo y no solo sobre las viviendas, así como la figura de las entidades de beneficio e interés común, que son entidades privadas, pero con un objeto social.

Eduardo Gutiérrez resaltó que en la medida en que las Housing Associations se regulen -se les dé reconocimiento no solo como una política de vivienda, sino también como un servicio de interés general-, se va a impulsar esta actividad.  El marco de homologación tiene que proporcionar un entorno estable, flexible y con estándares de calidad, que favorezca la aparición de muchas otras Housing Associations, a la vez que tiene que haber un compromiso de permanencia.  Así mismo, defiende una regulación a través de una ley o vía reglamentaria que ofrezca unas directrices claras, no esté fragmentada y parta de un texto consensuado por las entidades sociales proveedoras de vivienda actuales. El consenso favorecerá la estabilidad en momentos anticíclicos.

Desde Provivienda apostamos por un modelo de vivienda alternativo, no lucrativo y enfocado en el bienestar y la estabilidad de las personas. Por ello, seguiremos trabajando en promover una regulación que impulse la consolidación de este modelo, y poniéndolo en práctica a través de Lumvra, la Housing Association impulsada por Provivienda. Asimismo, apostamos por el trabajo colaborativo y en alianza, a través de Alivas, la Alianza por la Vivienda Asequible y Social, junto con Cohabitat y la Fundación Eguzkilore, con el objetivo de articular y fortalecer al Tercer Sector especializado en la gestión y provisión de vivienda social y asequible.