Un paso más: entra en vigor la Carta Social Europea Revisada

Jul 13, 2021 | Blog

El pasado 1 de julio de 2021 entró en vigor en España la Carta Social Europea Revisada (CSER), el instrumento del Consejo de Europa que complementa al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este tratado internacional obliga a los Estados firmantes a respetar, proteger y promover los derechos humanos, muchos de la esfera laboral, como el derecho a la formación profesional o el derecho de las personas trabajadoras migrantes y sus familias a tratos no desfavorables en materias como el alojamiento, pero también de otros ámbitos, como en el de la protección contra la pobreza y la exclusión social, el derecho a la salud o el derecho a la vivienda. 

La entrada en vigor de la CSER es clave dado que supone un nuevo instrumento jurídico de garantía de derechos en nuestro Estado, recogidos en la Constitución Española. El Comité Europeo de Derechos Sociales, organismo encargado del seguimiento de la Carta, supervisará el cumplimiento de dichos derechos de forma periódica. Además, también podrá recibir reclamaciones colectivas por parte de actores clave, como aquellas organizaciones reconocidas como entidades consultivas por el Consejo de Europa y que figuren en la lista elaborada a tal fin por el Comité Gubernamental, en casos de vulneraciones de los derechos reconocidos en la Carta, puesto que España también ha aprobado dicho mecanismo de forma provisional mientras dura el proceso de ratificación del Protocolo Adicional a la Carta Social Europea. Por ello, el Estado español no sólo se obliga a cumplir con los derechos sociales establecidos en la Carta, sino que la sociedad civil va a poder exigir su cumplimiento con el apoyo de las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales. Sin duda, ello ayudará a realizar los cambios legislativos necesarios para cumplir con los derechos humanos. 

Esta es una oportunidad para seguir avanzando hacia un trato igualitario en el ámbito del derecho a la vivienda. Y ello es así, no sólo porque se reconozca el derecho a la vivienda, el derecho a la no discriminación y el ya mencionado derecho de las personas trabajadoras migrantes y sus familias a tratos no desfavorables en materias como el alojamiento. También, porque el Comité Europeo de Derechos Sociales cuenta con una amplia trayectoria de decisiones que amparan el derecho a la vivienda y la no discriminación, especialmente en relación con las personas de etnia gitana. 

Países como Italia, Portugal, Francia y República Checa han sido condenados por vulnerar el derecho a la vivienda de forma discriminatoria, por ejemplo, en casos de segregación, ausencia de políticas de vivienda pública adecuadas que tengan en cuenta las peculiaridades de las personas de etnia gitana. Además, como explicaba María José Aldanas de FEANTSA en el webinar ‘La Carta Social Europea revisada, más y mejores derechos sociales’, organizado por el CERMI y EAPN-ES, algunas de las decisiones del Comité han servido para que los Estados legislen de forma más ambiciosa, tal y como pasó con la Ley DALO en Francia tras la denuncia de FEANTSA en 2006, que reconocía por primera vez en dicho país el derecho subjetivo a la vivienda.  

Por todo lo anterior, la entrada en vigor de la Carta Social Europea Revisada y la aplicación provisional del Protocolo Adicional sobre reclamaciones colectivas es un paso más hacia la plena garantía de los derechos económicos, sociales y culturales en España. 


Con este hito en mente, pensamos en el siguiente y, por ello, seguimos trabajando para que dentro de poco también podamos celebrar la aprobación de la Ley integral de igualdad de trato y no discriminación, otra herramienta fundamental para la promoción de la no discriminación residencial de las personas inmigrantes. 

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