Conoce nuestro informe “Discriminación residencial de la población migrante en el acceso a vivienda pública”

May 26, 2022 | Blog

El pasado 26 de mayo de 2022, se celebró la presentación del Informe “La Discriminación residencial de la población migrante en el acceso a la vivienda pública”, realizado por el Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de las Personas Inmigrantes de Provivienda de la Asociación Provivienda, contando para esta ocasión con una mesa de expertas en materia de vivienda, migraciones y Derechos Humanos.

A lo largo de la atención prestada en los últimos años, las profesionales que conforman el equipo de atención del Programa han detectado que existen diferentes requisitos, condiciones y procedimientos que suponen una diferenciación especial de la población de origen migrante, frente a la población autóctona, que hace que la primera pueda verse perjudicada en mayor medida a la hora de cursar una solicitud de vivienda pública.

El objetivo general del informe es identificar las dificultades con las que se encuentran la población migrante en el acceso a la vivienda pública y analizar si estos requisitos son discriminatorios.

La jornada comenzó con una breve presentación del programa, el objetivo del informe y el planteamiento diseñado para llevar a cabo las diferentes presentaciones, papel que, junto al de moderador de toda la presentación y de las cuestiones generales finales, se encargó nuestro compañero Juande Gómez Montoya,  trabajador social de Provivienda en Madrid.

Además, desde el equipo se ha querido dar voz a aquellas personas que participan en el Programa y que han querido expresar lo que supone el acceso a la vivienda pública para ellos y ellas, a través de la inclusión de testimonios donde las propias participantes han explicado cómo se sienten al ser excluidas del sistema de provisión de vivienda pública y cómo cambiarían sus vidas consiguiendo la estabilidad residencial que una vivienda pública proporciona.

Para dar paso a la metodología de trabajo y el análisis de los datos recabados, nuestras compañeras Miguel Ruíz Díax-Reixa y Carmen María Gómez Almagro, abogadas del Programa, comentan la metodología, las conclusiones y propuestas que se desprenden del informe.

Destacamos como principales conclusiones las siguientes:

  • La discriminación indirecta en los organismos que otorgan vivienda pública es una realidad: la población migrante se encuentra con importantes barrearas a la hora de acceder a la vivienda pública, sobre todo por la vinculación al territorio y la aportación de documentación.
  • Se hace necesario mejorar en la recopilación en los datos desde estas administraciones, desagregados por nacionalidad y país de origen de cara a mejorar la perspectiva migrante en la configuración de normativa en el acceso a la vivienda.
  • También se destaca la necesidad de aumentar  el parque de vivienda pública, con el objetivo de evitar la inestabilidad residencial especialmente en la población migrante.
  • Es urgente la consolidación del sistema público de alquiler, así como el establecimiento de una calificación permanente de las viviendas públicas y la prohibición de enajenación de las mismas, de manera que las viviendas sociales no pasen a ser detitularidad privada

Desde el Programa se quiere destacar que la lucha contra la discriminación residencial en la población migrante rema en una dirección que beneficia a toda la población, dado que busca reforzarr el sístema público de acceso a la vivienda para toda la cuidadania.

Después de compartir las conclusiones del informe, se inicia una mesa de debate con la participación de diferentes expertas.

En primer lugar, Javier Rubio, abogado de CAES y miembro del Grupo de Monitoreo de la sociedad civil para el cumplimiento de los Dictámenes del Comité DESC en el estado español, destaca la importancia de este tipo de investigaciones empíricas y de impacto en la que se estudian determinadas normativas en materia de vivienda que puedan ser discriminatorias, no solo para la población migrante, sino para otros colectivos también, haciendo hincapié en la necesidad de que la provisión de vivienda se realice sin ningún tipo de discriminación sobre todo en situaciones de gran precariedad social. Además, apunta a que la segregación residencial del parque público de viviendas es otra cuestión a tener en cuenta cuando hablamos de igualdad de trato en el acceso a una vivienda social. 

A continuación, Laura González Munin, responsable del Área de Inclusión de CEAR Madrid, desglosa las grandes dificultades con las que se encuentran las personas solicitantes de Protección Internacional con las que se trabaja desde la entidad, destacando la situación administrativa de las personas solicitantes de protección internacional que quedan excluidas del reconocimiento de derechos por no tener una residencia legal continuada. Las personas que cumplen con el requisito de  los 10 años de vinculación con el territorio en Madrid tienen dificultades para cumplir otros requisitos como la acreditación de  las afiliaciones familiares. También destaca la situación de las personas solicitantes de protección internacional que reciben una resolución denegatoria y pasan a estar en una situación administrativa irregular sobrevenida, que son actualmente el 93 % de las solicitudes, y cómo esto les afecta en la denegación de derechos reconocidos.Con la nueva instrucción de 2021 se modificó el itinerario de las personas, eliminando el acceso a la segunda fase donde la persona recibe apoyo para una vivienda autónoma hasta la resolución y se quedan sin apoyos de las administraciones públicas. 

En último lugar, Roberto García, abogado, técnico superior y asesor jurídico en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en el Instituto Municipal de Asistencia Social (I.M.A.S) destacó la necesidad de tener presente una perspectiva de Derechos Humanos, de Género e Infancia y Familia, atendiendo al art 14 de LOEX sobre el reconocimiento de acceso a SS.SS de la población migrante y  al desarrollo de ordenanzas municipales que favorezcan el acceso a reconocimientos de derechos y evitar obstáculos de otras administraciones como Hacienda, en la paralización de las ayudas económicas de emergencia en la población migrante en situación administrativa irregular o plataformas digitales, como la plataforma para la solicitud del IMV del INSS, que con sus algoritmos discriminan a grupos de población en el acceso a los recursos. Los requisitos de acceso a las prestaciones sociales se oponen a la realidad de las personas, destacando la excesiva burocratización no facilita la perspectiva de defensa de Derechos Humanos, perspectiva de género e infancia.

Durante el tiempo de debate de la mesa de expertas comentaron la proposición de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, destacando el papel de la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, formada por 14 entidades de derechos humanos con una larga trayectoria en la lucha contra la discriminación. Asimismo, se valoró positivamente la norma, aunque se apuntaron determinadas cuestiones que deberían modificarse en su trámite parlamentario para que sea una norma útil y eficaz. En segundo lugar, es necesario atender realidades específicas como la de las personas solicitantes de asilo o protección internacional. Por último, se recordó la importancia de que la nueva ley garantice el acceso a procedimientos mediante el establecimiento de recursos jurídicos y administrativos eficaces para acceder y garantizar el derecho a la igualdad.

Los principales titulares expuestos por las personas participantes en cuánto a las reflexiones que ofrece el informe han sido:

  • La importancia de acceder a los datos públicos segregados y modificar sus requisitos de acceso.
  • Poner a la persona en el centro del debate y no en los formalismos.
  • Consolidar y aumentar el parque público de vivienda.
  • Cambiar la mirada de las administraciones y que apuesten por un urbanismo integrador y de fácil acceso. Tener un espacio seguro de vivienda son condiciones claves para la inclusión de la ciudadanía.
  • Políticas públicas adecuadas a la realidad migratoria, con una perspectiva de Género, de Infancia y Familia y de Derechos Humanos que garanticen un acceso real a los mismos. 

Tienes disponible el informe en el apartado Informes y Materiales de nuestra web y también puedes acceder a él pinchando aquí. Además, en el siguiente vídeo puedes visualizar la jornada de presentación que organizamos el 26 de mayo al completo.

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