Asociación Rumiñahui, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Cataluña, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Provivienda y Red Acoge han registrado hoy en el Congreso una proposición no de ley (PNL) apoyada por los grupos parlamentarios de Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos y BNG por el Grupo Mixto; y 50 organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de instar al Gobierno a tomar partido ante la situación de discriminación que sufren las personas migrantes y refugiadas en el acceso a la vivienda. Según el reciente informe publicado por Provivienda ¿Se Alquila? (2) Racismo y segregación en el alquiler de vivienda, el 99% de las agencias inmobiliarias aceptan prácticas discriminatorias, ya sea bloqueando directamente el acceso a la vivienda o dificultándolo mediante el aumento de los requisitos exigidos para acceder a ella, intensificando además los procesos de segregación urbana ya existentes.
A pesar de que la discriminación inmobiliaria está prohibida, tanto por la Constitución, como en la Ley por el Derecho de Acceso a la Vivienda y en la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación, no existe una política pública que impulse medidas efectivas y mecanismos de seguimiento y sancionadores dirigidos a evitar prácticas que vulneran la igualdad de trato y la no discriminación en el acceso a un derecho fundamental como el acceso a una vivienda digna.
La PNL insta al Gobierno a que “aplique de manera efectiva” la Ley de Igualdad de Trato y de Discriminación aprobada en 2022. “Necesitamos que cuanto antes se ponga en marcha la Autoridad Independiente para que se pueda dar trámite a todas las denuncias que existen por discriminación”, ha declarado Juande Gómez, trabajador social del Programa de Promoción de la No Discriminación Residencial de Provivienda, a las puertas del Parlamento. Los firmantes también sugieren poner en marcha programas de bolsas de alquiler asequible con figuras de mediación y asesoramiento legal gratuito en la firma de contratos para resolver conflictos relacionados con el alquiler.
Ante esta situación, las organizaciones promotoras de la PNL instan al gobierno a:
- Adoptar medidas para que las autoridades competentes apliquen de manera efectiva la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación, cuando particulares, empresas o inmobiliarias impidan acceder al alquiler y compra de vivienda por cuestiones de discriminación racial o étnica. Para ello es necesario constituir, reglamentar y dotar de recursos la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, organismo cuyo fin es garantizar la independencia, acceso a la justicia y protección de las víctimas de discriminación. Todo ello, respetando el marco competencial establecido y sin perjuicio de las competencias que correspondan a cada comunidad autónoma en materia de derecho civil, consumo y vivienda.
- Incorporar en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2029 medidas inclusivas y financiación suficiente que garantice un acceso equitativo a la vivienda a todas las personas, independientemente de su origen o situación administrativa.
- Regular los requisitos máximos y documentación necesarios para acceder a una vivienda en alquiler o compra de manera que se eviten procedimientos discriminatorios, sin menoscabo de las competencias que correspondan a cada comunidad autónoma en materia de derecho civil, consumo y vivienda.
- Desarrollar programas de bolsas de alquiler asequible con figuras mediadoras y servicios de asesoramiento legal gratuitos en la firma de contratos para resolver conflictos relacionados con el alquiler o, cuando las competencias residan en otras administraciones, ofrecer mecanismos de financiación de estas políticas para garantizar el mismo fin. Este modelo evita las malas praxis, ofrece garantías y, además, es un sistema eficiente y eficaz para bajar los precios de mercado.
- Elaborar campañas de información sobre los derechos de las personas arrendatarias dirigidas especialmente a la población migrante, con énfasis en la normativa de no discriminación residencial y programas de sensibilización dirigidos a profesionales del sector inmobiliario y propietarios, para prevenir conductas discriminatorias o, cuando las competencias residan en otras administraciones, ofrecer mecanismos de financiación de estas políticas para garantizar el mismo fin.
- Incrementar los recursos para ejercer la vigilancia efectiva del mercado inmobiliario y la labor sancionadora como mecanismo disuasorio de prácticas de discriminación inmobiliaria.
- Promover procedimientos accesibles, efectivos y seguros para facilitar la denuncia de víctimas de discriminación residencial, incluyendo la simplificación de los trámites, así como la asignación de asistencia legal gratuita, en coordinación con los servicios de identificación, registro y denuncia de casos discriminación, como el Servicio de Atención a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del CEDRE.
- Fomentar la investigación y recopilación sistemática de datos sobre la discriminación en el acceso a la vivienda, para analizar y publicar informes sobre estas prácticas.
En Provivienda trabajamos activamente contra el racismo inmobiliario a través de la atención a víctimas que realizamos mediante nuestro Buzón contra la Discriminación. En caso de que sufras o seas testigo de una conducta discriminatoria en materia de vivienda por razón de lugar de origen o nacionalidad, como la existencia de anuncios de alquileres racistas o el acoso inmobiliario o vecinal, puedes denunciar la situación y colaborar para poner freno a la discriminación residencial.
