El pasado 27 de septiembre presentamos ‘La casa a cuestas: el problema de la vivienda asequible en España’, una panorámica de la situación actual de la vivienda y de la exclusión residencial en España, a partir de los datos del Observatorio de Vivienda Asequible y de las previsiones que pueden realizarse debido a las constantes subidas en los indicadores de vivienda. Puedes ver el acto completo en el siguiente vídeo:

Durante el acto, en el que participaron periodistas, administraciones públicas, partidos políticos, perfiles técnicos y entidades del Tercer Sector, se plantearon una serie de preguntas que resolvemos a continuación:

  • ¿Qué medidas, iniciativas y/o programas se podrían implementar para hacer frente a los problemas de acceso y mantenimiento de la vivienda en España? ¿Qué se propone desde Provivienda para el incremento del parque de vivienda público y social?

Es necesario incorporar mecanismos que promuevan la asequibilidad de la vivienda, a través de dos mecanismos: ampliando el parque de vivienda en alquiler social y asequible (ya sea público o de las entidades sin ánimo de lucro), y generando asequibilidad en el parque de vivienda ya existente, a través de ayudas directas, control de rentas temporal en zonas tensionadas, bonificaciones fiscales al alquiler asequible, etc. Las Bolsas de Vivienda de Alquiler Asequible, como las que impulsamos desde Provivienda, han demostrado ser un buen instrumento para este fin, trabajando desde el mercado privado y vehiculando algunas de estas propuestas. 

También, si miramos a Europa vemos que las entidades sin ánimo de lucro son uno de los actores más importantes en la provisión, gestión y rehabilitación de vivienda asequible. Precisamente por carecer de lucro, se alejan de patrones de carácter especulativo. *Más información en: https://www.provivienda.org/webinar-el-papel-de-la-sociedad-civil-en-la-provision-de-vivienda-asequible/

Actualmente, hay dos cuestiones clave en términos de políticas públicas para avanzar en un sistema de vivienda más inclusivo. Por un lado, el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, en el que las CC. AA. pueden desarrollar los programas 3, 6 y 10, especialmente útiles. Por otro, la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda que, aún en el debate de enmiendas, incluye cuestiones de importancia para la vivienda asequible y para la incorporación del Tercer Sector en las políticas de vivienda. 

 
 
  • En la definición de vivienda asequible y, teniendo en cuenta el 30 % del gasto de vivienda,  habría que contemplar el precio no solo del alquiler o de cuota de hipoteca, sino también del coste de los suministros, ya que la asequibilidad tiene que ir unida a la sostenibilidad de la vivienda.

La vivienda asequible generalmente se define como aquella que es adecuada en calidad y ubicación, y su precio no afecta a otros gastos básicos de la vida que amenacen el disfrute de otros derechos humanos esenciales. 

Según la definición de Banco Mundial y ONU-Habitat, la vivienda no es asequible si para su compra hacen falta más de 3 años de ingresos de la unidad familiar o más del 30% de los ingresos familiares mensuales para alquilar. 

No obstante, esta definición debe quedar ampliada en términos de asequibilidad para cubrir los suministros básicos, que son condición primordial para el acondicionamiento residencial y del buen desarrollo vital de cualquier persona.

 
 
  • ¿Existen datos sobre cuántas personas jóvenes han podido beneficiarse del Bono Joven de Alquiler hasta la fecha?

Por el momento no se disponen de datos oficiales de la cantidad de solicitudes recibidas en las convocatorias de las ayudas del Bono de Alquiler Joven

No obstante, diferentes informaciones apuntan a que el número de personas beneficiarias estimadas se está viendo superado por número de solicitantes a las pocas horas/días de las aperturas de convocatoria, incluso llegando a cuadruplicarse el número de solicitantes en relación a los beneficiarios, como en el caso de Cataluña.

 
 
  • El caso de Baleares es muy particular, pero sorprende que con lo encarecido que está el parque inmobiliario no se haya nombrado en la presentación, en la parte presupuestaria de políticas públicas… ¿Qué análisis hacéis sobre la situación de Baleares en relación a la administración pública y su disposición para mejorar el contexto de la vivienda asequible?

Según datos del Observatorio de Vivienda Asequible, Baleares es la comunidad autónoma que tiene el precio de vivienda en venta más caro y donde más está subiendo. También es una de las regiones con los precios de alquiler más elevados, a lo que se suma el grave problema del exceso de la presión turística en la isla. Actualmente, algunos instrumentos como el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2020-2025, como son el programa 3, 6 y 10, podrían ayudar a abordar desde un punto de vista estructural, el problema de la vivienda asequible en el territorio.

El Observatorio también cuantifica la distribución presupuestaria del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda y el Bono de Alquiler Joven en el que esta CC. AA. obtiene el 2.4% del presupuesto total.

 
 
  • Con los datos que se han presentado sobre el régimen de tenencia de vivienda en el Estado español, una solución efectiva sería la redistribución y expropiación de las viviendas de los grandes propietarios/as, por ejemplo, la SAREB. ¿Por qué no se lleva a cabo en base a artículos de la constitución como el 33.1 (la función social de la propiedad)?

El problema de la vivienda en España es complejo y multicausal, por lo que una sola solución no respondería a toda la exclusión residencial ni mejoraría todo el sistema de vivienda. Son necesarias políticas inclusivas en el largo plazo, que aborden el problema desde lo estructural.

Dicho esto, desde Provivienda consideramos que una de las posibles salidas a las viviendas de la SAREB sería la colaboración con entidades del tercer sector o entidades locales y autonómicas para su gestión como alquileres sociales y asequibles. 

 

  • ¿Son realmente efectivas las políticas públicas destinadas a dar ayudas económicas al pago de alquiler y suministros? Estas políticas públicas suponen una transferencia de dinero público a manos privadas y no cambian el régimen de tenencia…

Desde nuestra entidad vemos cómo muchas personas o familias dependen de estas ayudas económicas en el corto plazo, para poder pagar el alquiler y los suministros. Negarlas, sin tener un sistema de vivienda que opera bajo criterios de sostenibilidad sería perjudicial para estas. Como decimos, el problema es complejo y de extrema gravedad, por lo que tenemos que utilizar todas las herramientas a nuestro alcance. 

Quizá en algunas ocasiones, o incluso como ejercicio teórico, pueda tener impactos alcistas en el precio. Sin embargo, recordamos que las rentas en contratos ya formalizados se revalorizan en función del IPC y no se pueden elevar libremente. También existen instrumentos que mitigan estas alzas de precio, como son las Bolsas de Vivienda en Alquiler Asequible, que pueden ser una buena fórmula para vehicular las ayudas al alquiler, ejerciendo contrapesos a la subida de rentas en base a las garantías gratuitas que se ofrecen a la parte propietaria.

 
 
  • ¿Está previsto el alquiler social para personas mayores de 65 años con precios asequibles para personas jubiladas?

Un programa de alquiler asequible, bien sea a través de Bolsas de Vivienda con viviendas del mercado privado, bien sea a través de alquileres directos por parte de entidades sin ánimo de lucro o de entidades públicas, puede estar abierto a toda la población. En general, los requisitos tendrían que garantizar que no se destine más del 30% de los ingresos de las unidades familiares que alquilan a la vivienda.

 
 
  • Se habla de una diversificación de la oferta de vivienda asequible, pero ¿se consideran específicamente las ayudas para proyectos de vivienda colaborativa en cesión de uso?

En lo relativo al Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2020-2025, aunque los que se consideran más importantes en el aumento de vivienda asequibles sean los programas 3, 6 y 10, también se puede considerar el programa 8 de fomento de alojamientos temporales, de modelos cohousing, de viviendas intergeneracionales y modalidades similares. Este programa es el que desarrolla, específicamente, financiación para la vivienda colaborativa en cesión de uso. 

 
 
  • En cuanto a las medidas propuestas en el Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda parece que se pretende mantener el régimen de VPO durante 30 años… ¿Después de este tiempo se pierde este régimen en favor de vivienda de mercado libre? Realmente ha sido una problemática en cuanto a la pérdida de parque de VPO disponible el poder «mercadear» con viviendas VPO. ¿Estas medidas afectan al uso del suelo?

El texto del Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda contempla la  prohibición de compraventa de vivienda social de titularidad pública y, con respecto a la vivienda protegida, amplía el mínimo de calificación a 30 años. 

Según los datos de la Fundación Alternativas, si la VPO no se hubiera orientado a la venta y no se hubiera descalificado, actualmente el parque de vivienda social que habría en España sería del 40%.

 

 

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