Desahucios
¿Cuántos desahucios hay cada año?
Un desahucio termina con el lanzamiento: el acto en el que un juzgado ejecuta el desalojo de un inmueble. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publica cada trimestre cuántos lanzamientos se practican en España y por qué causa: el impago del alquiler (procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, LAU), la ejecución de una hipoteca u otras causas.
Es el dato más cercano a lo que se conoce como desahucios, con un matiz: el CGPJ cuenta un lanzamiento por cada inmueble, sea o no una vivienda y sea o no la residencia habitual de quien la ocupa.
lanzamientos al día en 2025.
67 lanzamientos al día en 2025
por impago de alquiler.
por impago de alquiler.
¿Cuántos desahucios hay cada año?
En 2025 se practicaron 24.540 lanzamientos en España, unos 67 al día y un 11,0 % menos que en 2024. Es la cifra más baja desde 2013, primer año de la serie: menos de la mitad que en 2019 (54.006) y algo más de un tercio que en 2014 (68.091).
La composición ha cambiado tanto como el volumen. En 2014 el impago del alquiler originaba el 52,9 % de los lanzamientos y la ejecución hipotecaria, el 42,4 %. En 2025, el alquiler supone el 74,6 % (18.317) y la hipoteca, el 17,7 % (4.346). El resto, 1.877, responde a otras causas, como procesos de familia o laudos arbitrales.
La serie mide desalojos que llegan a ejecutarse. Depende, por tanto, de cuántos hogares no pueden pagar su vivienda, pero también del ritmo de los juzgados y de las medidas de protección vigentes en cada momento. Un descenso de los lanzamientos no equivale necesariamente a un descenso de los hogares en riesgo de perder su casa.
- En 2014, cuatro de cada diez lanzamientos eran por ejecución hipotecaria. En 2025, menos de dos.
¿Dónde hay más desahucios?
Los mapas muestran los lanzamientos por cada 100.000 habitantes, que permiten comparar comunidades de tamaño muy distinto. Al pasar el cursor sobre cada comunidad aparece también el número total de lanzamientos y su variación respecto a 2024.
¿Dónde hay más desahucios en relación con su población?
Cataluña concentra el 27,8 % de los lanzamientos de España (6.814) y es también la comunidad con más lanzamientos en relación con su población: 83,6 por cada 100.000 habitantes, frente a una media de 50,0. Le siguen Illes Balears (68,8), Canarias (63,4), Asturias (59,5) y la Comunitat Valenciana (55,2).
En el extremo opuesto están Navarra (24,4), Extremadura (24,8) y la Comunidad de Madrid (31,8). Madrid es la cuarta comunidad en número de lanzamientos, pero la decimoquinta en proporción a su población. El País Vasco es la única con un aumento destacado en 2025: de 608 a 974 lanzamientos.
Los lanzamientos por impago del alquiler siguen el mismo patrón territorial. Cataluña (61,7 por cada 100.000 habitantes), Illes Balears (59,1) y Canarias (50,2) registran las tasas más altas, con una media en España de 37,3.
En números absolutos, Cataluña (5.025), Andalucía (2.600), la Comunitat Valenciana (2.158) y la Comunidad de Madrid (1.931) suman el 64 % de todos los lanzamientos por alquiler. En Illes Balears el peso del alquiler es especialmente alto: el 85,9 % de sus lanzamientos derivan de la LAU. La evolución de las rentas puede consultarse en la sección de precio del alquiler.
En los lanzamientos por ejecución hipotecaria, la mayor intensidad no corresponde a la comunidad con más casos. La Región de Murcia registra 16,0 por cada 100.000 habitantes, frente a una media de 8,8, seguida de Cataluña (12,9), la Comunitat Valenciana (11,8) y Andalucía (10,3).
En valores absolutos, Cataluña (1.050), Andalucía (913) y la Comunitat Valenciana (637) acumulan casi seis de cada diez lanzamientos hipotecarios de España.
- La Comunidad de Madrid es la cuarta comunidad en número de lanzamientos, pero la decimoquinta en relación con su población.
¿Cómo evolucionan a lo largo del año?
La serie trimestral repite un mismo patrón: el tercer trimestre de cada año registra menos lanzamientos, porque agosto es inhábil para la mayoría de las actuaciones judiciales.
A lo largo de 2025 el descenso se intensificó. En el primer trimestre se practicaron un 1,2 % menos lanzamientos que un año antes; en el cuarto, un 22,6 % menos. Ese periodo coincide con la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que exige con carácter general intentar un acuerdo extrajudicial antes de presentar una demanda civil y que ha transformado los juzgados en tribunales de instancia en tres fases, entre julio de 2025 y enero de 2026. Con los datos disponibles todavía no es posible separar qué parte del descenso responde a cambios en la tramitación y qué parte a una reducción real de los desalojos.
- En el último trimestre de 2025 hubo un 22,6 % menos de lanzamientos que un año antes.
¿Qué anticipan los datos?
Mientras los lanzamientos bajan, los procedimientos que pueden terminar en ellos aumentan. En 2025 se presentaron en los juzgados 31.416 ejecuciones hipotecarias, un 35,6 % más que en 2024 y la cifra más alta desde 2016, aunque lejos del máximo de 2010 (93.636). En el mismo año, los lanzamientos por ejecución hipotecaria bajaron un 14,3 %, hasta 4.346.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece una medida más precisa para la vivienda: las ejecuciones hipotecarias que se inscriben en los registros de la propiedad sobre viviendas habituales de personas físicas. En el segundo trimestre de 2026 fueron 3.703, un 27,5 % más que un año antes y la cifra trimestral más alta desde comienzos de 2017.
Ninguna de estas estadísticas mide desahucios. Registran el inicio de un procedimiento que puede resolverse con un acuerdo, una venta o una dación en pago, y que, cuando termina en lanzamiento, suele hacerlo meses o años después. Por eso son una señal de lo que puede venir, no una previsión.
- Mientras los lanzamientos bajan, las ejecuciones hipotecarias presentadas suben: +35,6 % en 2025, la cifra más alta desde 2016.
¿Cuántos desahucios se suspenden por vulnerabilidad?
Desde el cuarto trimestre de 2025 el CGPJ publica cuántas veces se pide y se concede la suspensión de un lanzamiento por la especial vulnerabilidad de quienes viven en la vivienda. Entre octubre y diciembre de 2025 se presentaron 2.732 peticiones en los juzgados civiles y se resolvieron 2.559.
En ese trimestre se suspendieron 472 lanzamientos: 305 al amparo del llamado escudo social (artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, una medida extraordinaria aprobada en la pandemia y prorrogada hasta finales de 2025) y 167 por el artículo 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la suspensión ordinaria que introdujo la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. En 95 casos la suspensión se levantó porque una administración ofreció una solución: alojamiento temporal, ayudas económicas, una vivienda o ayudas al alquiler, u otra intervención.
Cataluña (676), la Comunitat Valenciana (375), Andalucía (374) y la Comunidad de Madrid (352) reúnen el 65 % de las peticiones. En los juzgados y secciones penales se presentaron otras 251.
Al ser el primer trimestre publicado, todavía no hay una serie con la que comparar. Las peticiones y las suspensiones de un mismo trimestre tampoco corresponden necesariamente a los mismos procedimientos.
- 2.732 peticiones de suspensión por vulnerabilidad en los juzgados civiles entre octubre y diciembre de 2025, el primer trimestre del que el CGPJ publica el dato.
¿Qué protección existe frente al desahucio?
Situación a 8 de octubre de 2026.
Desde 2023, la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, incorpora protecciones permanentes al procedimiento de desahucio: el juzgado comunica de oficio cada procedimiento a las administraciones competentes en vivienda y servicios sociales para que valoren la situación del hogar; si hay vulnerabilidad, puede suspender el lanzamiento durante dos meses, o cuatro si quien demanda es una persona jurídica; y cuando quien demanda es un gran tenedor y la vivienda es la residencia habitual de un hogar vulnerable, debe intentarse antes una conciliación o intermediación.
Junto a esas medidas permanentes, la suspensión extraordinaria del escudo social estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Los dos decretos que la prorrogaban para 2026 fueron derogados por el Congreso, el 27 de enero y el 26 de febrero de 2026, de modo que entre finales de febrero y principios de octubre no hubo suspensión extraordinaria y se aplicaron las protecciones de la Ley 12/2023.
El Real Decreto-ley 29/2026, en vigor desde el 8 de octubre, suspende hasta el 31 de diciembre de 2030, en determinados supuestos, los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, con una compensación para la parte propietaria. Además, cuando un hogar vulnerable no puede pagar el alquiler, la administración dispone de dos meses para ofrecerle una alternativa o pagar la deuda; si no lo hace, asume la deuda y no hay desalojo. Con las Cortes disueltas, su continuidad depende de que lo convalide la Diputación Permanente del Congreso. El detalle de la norma está en este análisis del Observatorio.
- De marzo a septiembre de 2026, siete meses, no hubo suspensión extraordinaria de desahucios para hogares vulnerables.
Ocupación ilegal de viviendas: ¿qué miden los datos?
Los datos judiciales permiten dimensionar uno de los procedimientos contra la ocupación ilegal: el juicio verbal posesorio que creó la Ley 5/2018, que pueden iniciar personas propietarias o poseedoras legítimas, entidades sin ánimo de lucro y administraciones con vivienda social para recuperar una vivienda ocupada sin su consentimiento.
En 2025 se presentaron 1.845 demandas de este tipo, un 20,1 % menos que en 2024: 3,8 por cada 100.000 habitantes. Las tasas más altas corresponden a Illes Balears (8,6), Castilla-La Mancha (5,7) y Canarias (5,1). Como referencia de escala, ese mismo año se practicaron 24.540 lanzamientos, aunque se trata de fases distintas: demandas presentadas en un caso, desalojos ejecutados en el otro.
Este procedimiento no recoge la vía penal, como los delitos de usurpación o allanamiento, ni las ocupaciones que no llegan a denunciarse. No mide, por tanto, el total de ocupaciones, sino el uso de la vía civil rápida.
- En 2025 se presentaron 1.845 demandas civiles por ocupación ilegal de vivienda, un 20,1 % menos que en 2024: 3,8 por cada 100.000 habitantes.
¿CON QUÉ POLÍTICAS PODEMOS MEJORAR ESTO?
Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza y la exclusión social 2024-2030
Es una herramienta clave del Gobierno de España para mantener y desarrollar el Estado de Bienestar, con especial foco en la protección de los colectivos más vulnerables. Se alinea con compromisos internacionales (Agenda 2030 y ODS) y europeos (Pilar Europeo de Derechos Sociales), y se articula a través de múltiples planes sectoriales. Su enfoque es multidimensional, abordando factores como ingresos, empleo, educación, salud y, de manera destacada, la vivienda como un eje de inclusión social y protección frente a la pobreza.