Un año más, el Observatorio de Vivienda Asequible publica su informe “La casa a cuestas: la vivienda en datos en 2025”, en el que realiza una radiografía de la situación actual mediante el análisis de datos oficiales y de las políticas públicas y estrategias relacionadas con la vivienda que mayor impacto han tenido durante los últimos doce meses.
Aunque se perciben avances limitados en algunas políticas y estrategias para abordar la crisis de vivienda y ampliar el parque de vivienda asequible, los datos analizados durante 2025 dibujan un contexto residencial cada vez más desfavorable, en el que las causas que lo originan se agravan y el impacto de las consecuencias sobre la población aumenta.
La última edición del informe “La casa a cuestas: la vivienda en datos en 2025” confirma que la falta de vivienda asequible se consolida como uno de los principales problemas estructurales de España. En un escenario de inflación moderada pero persistente, el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una barrera inalcanzable para amplios sectores de la población, agravando situaciones de vulnerabilidad y exclusión residencial. Los indicadores analizados reflejan un deterioro tangible y progresivo de las condiciones de vida, que se acentúa con el paso de los años.
La crisis se explica por causas profundas y multifacéticas. En 2025, el precio de compraventa aumentó un 12,7%, superando ya los niveles previos a la burbuja de 2008. Al mismo tiempo, la turistificación sigue reduciendo la oferta residencial: las viviendas de uso turístico (VUT) equivalen al 13,9% del parque de alquiler, con porcentajes que superan el 30% en comunidades como Cantabria. A esto se suma una oferta pública de vivienda social residual (1,72% del parque total), insuficiente para equilibrar los precios o atender a la población más vulnerable.
Las consecuencias son graves y medibles. La tasa de emancipación juvenil alcanzó un mínimo histórico del 15,2% en el segundo semestre de 2024. Los desahucios se mantienen en cifras elevadas, con un 74,5% derivados de impago de alquiler.
Frente a este panorama, el informe evalúa las políticas desplegadas o en diseño avanzado durante el último año. Destacan el borrador del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que prioriza la vivienda social con protección permanente y cuenta con una dotación de 6.666 millones de euros; la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco, herramienta que ya ha logrado reducir los precios del alquiler en Barcelona un 6,4% tras su primer año de aplicación; y la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030, que integra el acceso a una vivienda adecuada como pilar esencial para combatir la exclusión. Además, se ha avanzado en la regulación de las VUT con la implementación de la Ventanilla Única Digital a nivel estatal y un nuevo marco normativo europeo.
En conclusión, aunque en 2025 se ha activado un marco político y regulatorio más ambicioso, persiste una brecha evidente entre la urgencia de la crisis y la velocidad de implementación de las soluciones. El impacto a gran escala de estas medidas aún está por materializarse. La magnitud del desafío exige una dotación presupuestaria adecuada, una coordinación efectiva entre administraciones y una voluntad política sostenida en el tiempo.
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