Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza y la exclusión social 2024-2030

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, aprobó en el último Consejo de Ministros de 2024 la Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2024-2030. Es una herramienta clave del Gobierno de España para mantener y desarrollar el Estado de Bienestar, con especial foco en la protección de los colectivos más vulnerables. Se alinea con compromisos internacionales (Agenda 2030 y ODS) y europeos (Pilar Europeo de Derechos Sociales), y se articula a través de múltiples planes sectoriales. Su enfoque es multidimensional, abordando factores como ingresos, empleo, educación, salud y, de manera destacada, la vivienda como un eje de inclusión social y protección frente a la pobreza.

El diagnóstico de la Estrategia confirma la fuerte vinculación entre las condiciones de vivienda y la pobreza:

• Régimen de tenencia: La tasa de riesgo de pobreza se duplica para quienes viven en alquiler frente a quienes son propietarios (con o sin cargas).
• Sobrecarga de coste: Un porcentaje significativo de hogares destina más del 40% de sus ingresos a gastos relacionados con la vivienda.
• Ejecuciones hipotecarias: Aunque han descendido notablemente desde 2015, continúan siendo una amenaza para la estabilidad residencial.
• Brecha urbano-rural: El indicador AROPE de pobreza y exclusión es sistemáticamente más alto en zonas poco pobladas (rurales) que en áreas urbanas densas.

La Estrategia Nacional 2024-2030 identifica el acceso a una vivienda adecuada y asequible como un pilar esencial para prevenir y combatir la pobreza. Uno de sus objetivos estratégicos es garantizar y facilitar el acceso a una vivienda adecuada y asequible para todas las personas Para ello despliega una serie de líneas de actuación que podemos agrupar en tres ámbitos complementarios:

• Protección urgente y atención a la emergencia. Medidas de respuesta inmediata para estabilizar la situación de los hogares más vulnerables. Esto incluye ayudas directas al alquiler para colectivos en riesgo de exclusión (familias monoparentales, jóvenes extutelados, minorías étnicas, personas con discapacidad, entre otros), la prevención de desahucios con provisión de alojamiento alternativo en colaboración con servicios sociales, y el combate contra la pobreza energética mediante mecanismos como el bono social y el acompañamiento para acceder a las ayudas disponibles.
• Inversión estructural y modernización del parque. Para abordar las causas profundas de la exclusión residencial, se impulsan intervenciones a largo plazo. Destacan la ampliación y regeneración del parque de vivienda social, la rehabilitación de edificios y barrios en zonas degradadas, y la modernización integral del espacio urbano y rural. Un objetivo clave es la erradicación de asentamientos chabolistas mediante planes de realojo que incluyen apoyo social.
• Políticas específicas y enfoques integrales. La Estrategia diseña marcos de acción especializados para problemáticas concretas. Se implementa un plan para la erradicación del sinhogarismo, con un enfoque centrado en la vivienda permanente y la coordinación de todos los sectores implicados (salud, servicios sociales, justicia). Asimismo, se afronta el reto demográfico en el medio rural vinculando la renovación de viviendas a la revitalización territorial, asegurando condiciones dignas en todo el territorio.

La integración de la política de vivienda dentro del marco más amplio de protección social, empleo y cohesión territorial busca atacar una de las causas y manifestaciones más severas de la exclusión, reconociendo que sin seguridad residencial no hay inclusión social plena.

Temas que aborda: Desahucios, Emancipación, Precio: alquiler, Inversión, Sinhogarismo