El Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030 es el instrumento que rige la política estatal de vivienda durante el quinquenio. Se aprobó el 22 de abril de 2026 mediante el Real Decreto 326/2026 y se ratificó territorialmente en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana del 21 de mayo de 2026. Es el primer plan estatal que se dicta al amparo de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, lo que lo vincula expresamente a las definiciones, instrumentos y objetivos que esa norma introdujo (vivienda asequible incentivada, zonas de mercado residencial tensionado, parque protegido).
El plan moviliza una inversión total de 7.000 millones de euros para el conjunto del periodo, articulada sobre un nuevo modelo de corresponsabilidad financiera 60/40: 4.200 millones de aportación estatal y 2.800 millones de aportación mínima de las comunidades autónomas. Es la principal novedad financiera respecto al plan anterior, que no fijaba un porcentaje autonómico obligatorio sino una cofinanciación voluntaria muy desigual entre territorios. La primera anualidad (2026, 800 millones) es íntegramente estatal: la corresponsabilidad autonómica arranca en 2027.
Comparada con la aportación estatal del plan anterior, la cifra de 7.000 millones de euros infla artificialmente el salto, porque incorpora por primera vez de forma explícita la parte autonómica. En magnitudes homogéneas (aportación estatal frente a aportación estatal, incluyendo el Bono Alquiler Joven que el nuevo plan integra) el esfuerzo presupuestario estatal se multiplica por 2,3, no por tres ni por cuatro como se ha difundido.
El PEV 2026-2030 destaca por tres rasgos de diseño que lo diferencian de sus predecesores:
- Protección permanente de la vivienda protegida financiada con cargo al plan: su régimen de protección se mantiene de forma indefinida —vía calificación definitiva o nota marginal en el Registro de la Propiedad (D. Ad. 8ª)—, lo que busca revertir la descalificación que históricamente ha erosionado el parque protegido. Distinto de los plazos mínimos de destino que fija el plan (20 años en arrendamiento financiado, 50 en cesión de uso), que no deben confundirse con la duración de la protección.
- Integración del Bono Alquiler Joven: dentro del propio plan, que antes operaba como instrumento separado.
- Cláusula antifraude: en los procesos de adjudicación de la vivienda protegida.
La financiación de cada convenio se distribuye en tres líneas, parcialmente blindadas: al menos el 40% al incremento de la oferta de vivienda social y asequible (suelo inamovible), al menos el 30% a rehabilitación, accesibilidad y renovación urbana y rural, y el 30% restante a la reducción de la tasa de esfuerzo y a la emancipación juvenil. La Comisión de Seguimiento de cada convenio puede ajustar los dos últimos porcentajes, pero no el primero.
El reparto territorial excluye a País Vasco y Navarra, que por su régimen foral no participan. Se distribuye entre las quince comunidades de régimen común y las dos ciudades autónomas según criterios de número de hogares y dispersión de la población, aprobados en Conferencia Sectorial; el Real Decreto no fija los porcentajes territoriales, que se han heredado de la distribución del plan 2022-2025.
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Seguimiento del PEV 2026-2030 en el Observatorio
- El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030: claves técnicas de las nuevas líneas de financiación y el blindaje del parque protegido
- El cambio en los umbrales IPREM en el Plan Estatal de Vivienda
Temas que aborda: Inversión