2 octubre 2026
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- El Decreto-ley 26/2026 no convalidado hoy en el Congreso incorporaba 4 medidas sobre las que Provivienda había realizado propuestas y aportaciones técnicas en numerosas ocasiones.
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- Los codirectores de Provivienda Gema Gallardo y Eduardo Gutiérrez han sido invitados a la sesión parlamentaria por su contribución a la defensa del derecho a la vivienda y, en concreto, a varias de las medidas recogidas en la norma.
El Congreso ha rechazado hoy la convalidación de los dos decretos que se sometían a votación y que fueron aprobados el pasado martes en el Consejo de Ministros. El primer Decreto Maricarmen ha recibido 178 votos en contra y 172 a favor mientras que el segundo ha obtenido 166 apoyos en la Cámara Baja frente a 184 en contra. Provivienda, representada por sus codirectores, ha podido seguir la votación del “Decreto Maricarmen” desde el Congreso, al haber sido invitada por sus aportaciones normativas a favor del derecho a la vivienda.
Desde su constitución y por su experiencia acompañando a miles de personas a lo largo del tiempo, Provivienda lleva meses realizando numerosas propuestas y presentado diversas aportaciones normativas dirigidas a mejorar el acceso y la permanencia en la vivienda de todas las personas. Entre las aportaciones que ha realizado durante los últimos años, se encuentran 4 medidas que el “Decreto Maricarmen” rechazado hoy incluía y que analizamos en el Observatorio de Vivienda Asequible. “La inclusión de medidas que regulen el alquiler de habitaciones, ofrezcan avales o doten de un marco normativo a las entidades sociales proveedoras de vivienda como Provivienda son clave para que se produzcan cambios y se pueda seguir avanzando en la consecución del derecho a la vivienda en nuestro país”, afirma Eduardo Gutiérrez, codirector de Provivienda.
1. Regulación para el alquiler de habitaciones
El decreto regulaba el alquiler de habitaciones limitando el precio que puede fijarse para cada habitación individual con el objetivo de que éste no supere el precio que tendría el piso completo. Además, en zonas tensionadas se iban a aplicar los topes de la Ley 12/2023. Provivienda lleva años insistiendo en la importancia de regular el alquiler de habitaciones y dotar de mayor seguridad y garantías a las personas inquilinas que arriendan una habitación y que hasta ahora estaban más desprotegidas.
2. Avales para ampliar el alquiler asequible y protegido
El texto rechazado incluía una línea a través del ICO dirigida a ofrecer avales para los promotores públicos y privados que promuevan el alquiler social y asequible.
Desde Provivienda se ha insistido en reiteradas ocasiones que las líneas de financiación deben priorizar entidades sociales proveedoras de vivienda poniendo el foco en el alquiler asequible y en la adquisición de vivienda en el parque construido, frente al modelo de financiación de entidades y fondos para promocionar vivienda en bloque de nueva construcción de forma exclusiva.
3. Reconocimiento de las entidades sociales
Una de las medidas que recogía el primer decreto contemplaba el desarrollo reglamentario de las entidades sociales especializadas en vivienda en un plazo de 6 meses. Provivienda ha defendido de forma continuada junto a otras entidades a través de ALIVAS, la necesidad de que las proveedoras sociales de vivienda dispongan de un marco normativo que defina su función y facilite su participación en el desarrollo de políticas públicas.
4. Incentivos para la pequeña propiedad y medidas para movilizar vivienda hacia el alquiler asequible
El primer decreto reforzaba los incentivos fiscales para que las personas propietarias que no fuesen grandes tenedoras destinasen sus viviendas al alquiler habitual a precios asequibles. Contemplaba reducciones de hasta el 100 % del rendimiento neto positivo del alquiler en el IRPF, sujetas a los requisitos establecidos, así como una reducción del 70 % en determinados supuestos de alquiler a administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro para fines sociales. Además, permitía a los ayuntamientos aplicar recargos en el IBI a viviendas permanentemente vacías sin causa justificada y a viviendas de uso turístico en zonas tensionadas, con distintos porcentajes y condiciones.
Desde Provivienda hemos insistido en la necesidad de movilizar el parque de vivienda existente hacia el alquiler asequible, combinando incentivos, garantías y acompañamiento a las pequeñas personas propietarias con medidas que favorezcan el uso residencial habitual de las viviendas.
Estas medidas habrían contribuido a reforzar los derechos vinculados al alquiler residencial y a mejorar el acceso a la vivienda. Gema Gallardo, codirectora de Provivienda, lamenta que no hayan salido adelante y reafirma el compromiso de la entidad de seguir trabajando para hacerlas posibles, sin perder de vista la necesidad de impulsar políticas estructurales. “La incorporación de estas cuatro medidas a los decretos era el resultado de años de trabajo acompañando a hogares con dificultades de vivienda, analizando las consecuencias de la exclusión residencial, especialmente entre las personas más vulnerables, y presentando propuestas técnicas para mejorar el acceso y la permanencia en la vivienda. Aunque que no hayan salido adelante, seguiremos trabajando para que estas demandas se traduzcan en derechos efectivos. Necesitamos políticas estructurales, estables y con recursos suficientes que garanticen el derecho a la vivienda en el corto, medio y largo plazo”.
