Vivienda asequible e inclusiva para Andalucía

El acceso a la vivienda se ha consolidado como uno de los principales retos sociales en Andalucía, con efectos directos sobre la desigualdad, la exclusión y la calidad de vida de la población. La evolución del mercado residencial en los últimos años evidencia la necesidad de una respuesta pública para asegurar el acceso a una vivienda asequible a los y las andaluces.

Propuestas para una política de vivienda asequible en Andalucía

Vivienda asequible

Incrementar de forma sostenida la inversión pública destinada a la ampliación del parque de vivienda social y asequible.
Desarrollar el derecho de tanteo y retracto para ampliar el parque de vivienda social y asequible.
Conveniar y poner en marcha un acuerdo para la aplicación del próximo Plan Estatal de Vivienda.
Desplegar un plan de choque de vivienda pública accesible con especial atención a las personas jóvenes, personas con discapacidad y mayores y demás hogares en situación de pobreza residencial.
Activar y desplegar de forma integral las herramientas de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda para garantizar la asequibilidad, incluyendo la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado.

Entidades Sociales

Crear un registro de Entidades Sociales Proveedoras de Vivienda adscrito a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.
Reconocer a las entidades sociales como aliadas estratégicas en el diseño, implementación y gestión de las políticas de vivienda.
Apoyar a los proveedores sociales de vivienda mediante financiación estable, acceso a suelo y con marcos de colaboración a largo plazo.
Incorporar la cesión del derecho de tanteo y retracto a las entidades sociales proveedoras de vivienda, para la adquisición preferente de viviendas.
Priorizar la colaboración público-social en las políticas de vivienda, favoreciendo a las entidades sociales para el acceso a financiación y subvenciones directas.

Rehabilitación con enfoque social

Impulsar la rehabilitación del parque residencial para abordar la pobreza energética en invierno y verano, priorizando los hogares y barrios vulnerables.
Incorporar salvaguardas sociales que eviten el aumento de precios y el desplazamiento de hogares tras los procesos de rehabilitación de viviendas.
Desarrollar oficinas de rehabilitación de proximidad en barrios vulnerables que faciliten el acceso a ayudas, acompañen a los hogares y comunidades, y actúen como ventanilla única para los procesos de rehabilitación.

Movilización del parque de vivienda

Desarrollar programas de intermediación que movilicen vivienda vacía y turística hacia el alquiler asequible.
Limitación y no renovación de licencias de viviendas de uso turístico, especialmente en zonas tensionadas.
Establecer medidas fiscales y regulatorias que incentiven/beneficien el uso residencial y penalicen la vivienda vacía o su uso turístico.

Atención a la exclusión residencial

Impulsar programas de atención social basados en vivienda y en la autonomía de las personas.
Impulsar estrategias para luchar contra el aumento de la soledad no deseada y la exclusión asociada, especialmente en las personas más vulnerables.
Desplegar una estrategia pública de arraigo local, lucha contra la despoblación y desarrollo rural inclusivo en colaboración entre las administraciones autonómicas y el Tercer Sector.
Ofrecer alternativas habitacionales dignas, en condiciones de accesibilidad universal para las personas residentes en asentamientos informales.
Ofrecer garantías de vivienda temporal digna, asequible, sostenible y bien comunicada.
Garantizar las ayudas para el alquiler a personas en situación de vulnerabilidad y la protección ante desahucios.

Políticas basadas en evidencia

Recopilar y publicar datos sobre el parque de vivienda, incluyendo vivienda vacía, grandes tenedores, evolución de personas demandantes de vivienda o en situación de exclusión residencial y sinhogarismo.
Crear espacios de coordinación entre administraciones y agentes implicados en políticas de vivienda, exclusión y rehabilitación.